EN LA CASA DE DIOS

He llamado a mi notario, tuve un constipado hace un par de años y quiero que compruebe si mantengo aún la propiedad de mi vivienda, uno nunca está libre de la voracidad de la Iglesia católica que pudiera haberla inmatriculado aprovechándose de la debilidad que me aquejaba. Preocupado por las consecuencias, me inquieta enormemente además la posibilidad de estar durmiendo en sagrado. Tengo razones que acrecientan la sospecha, llevo un tiempo sin tener sueños pecaminosos, es para preocuparse.


Por el informe que hace público ahora el Gobierno sabemos que son cerca de cuarenta mil las propiedades expoliadas por la Iglesia en España desde 1998. Cifra que está lejos de sorprenderme, porque no imaginaba yo que se le escaparan tantas como habrá en los registros tras el entrenamiento en la rapiña perpetrada como parte principal del régimen fascista que conculcó con las armas la legalidad republicana. Cálculos fiables hacen titular a la institución del 85% del patrimonio histórico del país, un aperitivo del festín, lo que quizá no tenga parangón en la Historia de las naciones; esta es la casa de Dios. Inmuebles históricos, obras de arte y construcciones de todo tipo con las que negocian los ensotanados y cuya conservación financiamos los abusados por medio de ayudas estatales directas o beneficios fiscales. Les sirven para el chantaje al Estado. Recordemos las amenazas de llevar el cadáver de Franco a la Almudena cuando se planteaba su exhumación, pues parece que la catedral, pagada con nuestro dinero, también es suya. O la ignominia de los eclesiásticos que apoyan los nacionalismos independentistas, cuando no sus derivas terroristas.


No sin razón, se culpa al expresidente Aznar del último periodo de pillaje al proporcionar a los raposos la cobertura legal de las inmatriculaciones y convertir en la práctica a los obispos en fedatarios públicos, haciendo de su palabra título registral, aberración ofensiva a la inteligencia más santa. Pero ya dicen los evangelios que el que esté libre de corrupción que tire la primera piedra. Con cuidado, eso sí, porque no habría de descartar que la piedra fuera también propiedad de la Iglesia. El privilegio de mención a esta en nuestra Constitución significa la confesionalidad del Estado, consentida en su día por el parlamento democrático tras la presión de la Conferencia Episcopal a los líderes de la izquierda, González y Carrillo incluidos, y que no han corregido quienes heredaron responsabilidades. Antes de que se abordara la redacción del texto, tenían ya pactados los cuatro Acuerdos con la Santa Sede que sustituirían al Concordato y que alejaban al Estado español de la laicidad alumbrada, que no resuelta, por el ordenamiento de la República. Escoltado por ministros del Opus Dei, Aznar se reivindicó presidente desde el balcón de la sede del PP de la calle Génova de Madrid, que fue convento, dato a considerar ahora que se investiga su financiación. Todo tiene un principio. Me cito a mí mismo por si vuestra curiosidad fuera insaciable: Si los curas y frailes supieran. Una historia de España escrita por Dios y contra Dios (Javier Figuero. Espasa Calpe).


Parece que el gobierno de Pedro Sánchez va a remitir al Congreso el informe de las inmatriculaciones de la Iglesia en las dos últimas décadas, probatio diabólica la ha calificado algún docto que le exime cobardemente de actuación, mientras abre la puerta a la iniciativa imposible en Justicia de Ayuntamientos y particulares. Solo una respetuosa desamortización podría dar paso a la reparación del dislate, pero el tema no parece estar en las agendas de la izquierda. No me consta que hasta el momento los escribas del PSOE y UP hayan registrado solicitud de comisión en la Cámara Baja para tratar el asunto. Quizá les da miedo llevar allí a los obispos. Admito que no es una decisión fácil, no habría que descartar que a los purpurados les gustara el inmueble y se lo quedaran.


© Javier Figuero ( javierfiguero.com )

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